La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos obtuvo vinculación a proceso en contra de César “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Jojutla durante el trienio 2009–2012, por su probable responsabilidad en el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, el exfuncionario habría realizado diversos actos jurídicos para obtener de forma irregular una pensión por jubilación con el cien por ciento del pago correspondiente.
Entre los documentos presentados, se encuentra una carta de salarios certificada, presuntamente falsa, con la que acreditó ingresos mensuales por 62 mil 500 pesos, cuando en realidad, según documentación oficial, su sueldo era de 48 mil 813 pesos con 40 centavos.
Existen indicios de que, César "N" siendo secretario del Ayuntamiento, ordenó a la Dirección de Recursos Humanos emitir dicha carta, incluyendo información falsa para justificar el monto de la pensión, la cual se encuentra vigente a la fecha.
Posteriormente, en 2017, César “N” promovió un amparo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, solicitando la actualización de su pensión conforme al salario mínimo, correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016. La suma reclamada alcanzó los 5 millones 280 mil 49 pesos.
En octubre de 2017, tras diversos actos reclamados por el exfuncionario, se suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Jojutla para el pago de 3 millones 595 mil 833 pesos. No obstante, en 2022, César “N” volvió a promover un amparo solicitando nuevamente un incremento en el monto de su pensión.
Debido a estas irregularidades detectadas, en 2024, el Ayuntamiento de Jojutla interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El pasado miércoles 9 de abril, en la sala 2 de la Ciudad Judicial de Jojutla, al analizar los datos de prueba documentales y testimoniales presentados por la Fiscalía Anticorrupción, una Jueza resolvió vincular a proceso a César “N” por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.
Como medidas cautelares, se impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
De conformidad con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.