LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DETIENE EN FLAGRANCIA A SERVIDORES PÚBLICOS RECAUDADORES DE IMPUESTOS EN COCOYOC Y PRACTICA CATEO ASEGURANDO PRESUNTAS EVIDENCIAS DELICTIVAS

Mediante una meticulosa acción encubierta, la Fiscalía Anticorrupción logró la detención en flagrancia de servidores públicos del Ayuntamiento de Atlatlahucan, encargados del cobro de impuestos de Cocoyoc, quienes presuntamente no enteraban a las arcas municipales.

 

Fueron detenidos en flagrancia cuando presuntamente pretendían cobrar de forma ilícita 80 mil pesos por concepto del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), en tanto, derivado de esto se realizó un cateo, en el que  se encontraron objetos relacionados con la conducta ilícita.

 

Fue a raíz de la denuncia presentada ante esta representación social, por la Síndico Municipal de Atlatlahucan, Nora García Rosas, en la cual, advirtió que se detectaron irregularidades en el cobro del impuesto señalado, por lo que se inició la investigación y pudo detenerse a los referidos servidores públicos.

Lo anterior debido a que varios contribuyentes acudieron a actualizar los datos de sus predios y presentaron recibos de pago del ISABI, pero no aparecían en los archivos, por lo que, al encontrar estas irregularidades se inició la denuncia.

Fue así, que tras realizar una investigación ardua, la Fiscalía Anticorrupción logró detener en flagrancia a los servidores públicos al momento en que presuntamente realizaban un cobro irregular del ISABI y entregaban un comprobante  de pago apócrifo, en el que se advirtieron plasmados sellos presuntamente falsos.

Tras las investigaciones derivadas de la detención, la Fiscalía Anticorrupción realizó un cateo en una vivienda del Barrio de Santo Tomás y en las oficinas de Catastro y Receptoría de Rentas de Atlatlahucan, donde se encontraron objetos relacionados con la conducta ilícita.

Será el lunes próximo cuando la Fiscalía Anticorrupción impute a los servidores públicos. Los detenidos se presumen inocentes, mientras no declare su responsabilidad por autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.